La Atención Primaria, en peligro por los intentos encubiertos de privatización

La Atención Primaria, en peligro por los intentos encubiertos de privatización


Casi 30.000 enfermeros trabajan actualmente en la red de Atención Primaria en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Profesionales imprescindibles para que la Sanidad Pública pueda dar respuesta a una sociedad cada vez más envejecida y aquejada de dolencias crónicas. Los cuidados de enfermería centrados en la persona, que en Atención Primaria es sinónimo de cercanía, de humanidad y de colaboración entre profesionales sanitarios y que, sin embargo, está amenazado por factores como la escasez de profesionales sanitarios, el desinterés de los políticos por desarrollar adecuadamente la especialización de enfermería familiar y comunitaria o la irrupción de la mal llamada “farmacia comunitaria”.

La autodenominada “farmacia comunitaria” es un movimiento carente de normativa y de competencias propias. Este movimiento, a pesar de tener un ánimo de lucro reconocido públicamente por los representantes farmacéuticos en numerosos foros, ha encontrado la complicidad de algunas Comunidades Autónomas y partidos políticos que están potenciando de forma irresponsable actuaciones que suponen una privatización encubierta de la Sanidad Pública. Entre las funciones que estas CC.AA. quieren poner en manos de estos establecimientos privados, como realmente son y se denominan por Ley las farmacias, está el seguimiento de crónicos, la visita domiciliaria, el cribado del cáncer de colón, la vacunación de la población o el control de pacientes anticoagulados, entre otras. Todas estas actuaciones asistenciales que pretenden ser cercenadas de la Atención Primaria son propias y ejercidas de forma absolutamente altruista y desinteresada por la Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria, pero, sin embargo, están siendo impulsadas por algunas farmacias con el objetivo de aumentar sus ingresos.

Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia están dando pasos importantes para sacar del sistema público el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados para ponerlo en manos de las farmacias. Entre los diferentes proyectos piloto que quieren implantarse se barajan medidas como el acceso a la historia clínica del paciente o la revisión de los botiquines domésticos realizada, no olvidemos, por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos. La complejidad de muchos pacientes exige que sean otros profesionales sanitarios, enfermeros y médicos, quienes pueden garantizar la seguridad y salud de los pacientes sin más interés que su propia deontología profesional. No en vano, estamos hablando de actuaciones con pacientes vulnerables que requieren de las garantías de independencia clínica que sólo pueden asegurar las profesiones médica y enfermera, sin que medien posibles conflictos de intereses. Más si cabe cuando el cuidado de los crónicos es uno de los ejes de la actividad enfermera.

“Farmacia comunitaria”: un movimiento al margen de la normativa vigente

La especialidad de “farmacia comunitaria” no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la normativa española. En este sentido, cabe recordar que los enfermeros y médicos especialistas en “Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria” cuentan con una regulación legislativa y un plan de estudios oficial aprobado por las autoridades sanitarias. Además, tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar varios años de residencia en el Sistema Nacional de Salud: dos en el caso de la enfermería y cuatro en el de los médicos. Sin embargo, en el caso de los farmacéuticos que se hacen llamar “comunitarios” son personas que de forma arbitraria se autocalifican como tal sin existir título oficial, ni normativa aplicable, ni control estatal alguno.

Asimismo, es importante aclarar que por parte de las autodenominadas “farmacias comunitarias” no existe interés altruista o vocacional alguno a favor de los pacientes, pues tal y como han reconocido los representantes farmacéuticos en numerosas ocasiones pretenden cobrar por todos y cada uno de servicios ya sea a las arcas públicas, a las mutualidades o al propio paciente.

Esta mañana, con motivo del Día de la Atención Primaria, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, ha destacado el importantísimo papel de la Atención Primaria en la Sanidad española. “La Atención Primaria ha hecho posible que la sanidad llegue a todos los rincones de España, que el derecho fundamental a la salud sea una realidad para todos los ciudadanos que viven en nuestro país. Podemos asegurar que la universalización de la asistencia sanitaria en España ha sido posible gracias a los enfermeros y médicos de los centros de salud de todo el país”. Además, ha destacado que resulta imprescindible que la Atención Primaria siga asumiendo un papel protagonista en la asistencia de la población por las circunstancias actuales y futuras de la sociedad que pasan por una población cada vez más envejecida, un aumento cada vez mayor de la esperanza de vida y un incremento de los pacientes crónicos”, en este sentido cobra mayor protagonismo la educación sanitaria y la educación para la salud que proporcionan las enfermeras de atención primaria.

Para Florentino Pérez Raya es de obligación moral, política y deontológica el mantener las cotas de seguridad y calidad de nuestra asistencia sanitaria, y esto pasa por seguir apostando por una Sanidad Pública y un modelo de gestión sanitaria con criterios clínicos basados en la evidencia y nunca en criterios economicistas. En este sentido, ha insistido en la necesidad de defender la sanidad frente a los movimientos privatizadores impulsados desde algunas oficinas de farmacia para aumentar sus ingresos: “respetamos el importante papel de los farmacéuticos en la dispensación de medicamentos al ciudadano, pero no podemos tolerar que desde las administraciones públicas se privaticen prestaciones sanitarias que deben seguir siendo públicas y gratuitas. Además, no vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de los ciudadanos mercantilizando funciones que ya se prestan de forma gratuita en la Sanidad Pública y además son exclusivas y excluyentes de las enfermeras y los médicos y, sobre todo, de aquellos que ostentan dos especialidades reconocidas por Ley como son la de Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria”. Asimismo, ha recordado que las enfermeras y los enfermeros son los profesionales mejor valorados por los usuarios del sistema sanitario.


CGE

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